Kalehe, de la violación al acuerdo amigable

Por Yvette Mushigo, de la Redacción Femme au fone

19 Diciembre 2015 17:04

¿Qué puede resultar más inquietante que ver el daño que una comunidad puede provocar en la vida de las jóvenes cuando las obliga a vivir bajo estados de estrés y trauma por un matrimonio forzado con su violador? ¿Cómo hacer recapacitar a la población sobre lo detestable que son los "acuerdos amigables" entre las familias de la víctima y del violador, que llevan a matrimonios precoces y forzados, y que son un peligro para la seguridad de las mujeres de la comunidad?

El territorio de Kalehe, situado en la provincia congoleña de Sur Kivu, vive desde hace tiempo con la presencia permanente del ejército regular en una gran parte del territorio y con otras zonas controladas por grupos armados locales. Los Mai Mai, Raia Mutomboki, son el grupo rebelde más activo en la zona. Las localidades que controlan estos grupos son aquellas que están alrededor de las zonas mineras del Parque Nacional de Kahuzi Biega, como por ejemplo: CAMINUNU, CIBINDA, MULA, COLOBERA, Mutale, MUSHIMBI, NYATESA, RAMBO, CIFUNZI, CIGOMA, NYAMARO, según la información proporcionada por la población de Kalehe a Femme au Fone.

En estas zonas bajo control armado no hay representación de la autoridad estatal y, menos, del poder judicial. Por tanto, las disputas, los conflictos sociales, los delitos, etc. son tratados de manera arbitraria, según la voluntad de los responsables de la zona. Los casos de violación, que se ven a menudo, se resuelven a través de soluciones amistosas entre las familias de la víctima y el presunto violador.

Los arreglos entre familias

En la aldea Cifunzi, en Cirhulo, una chica de 15 años ha dado a luz a un niño. SMS recibido en FAF, desde el territorio de Kalehe.

El arreglo, tras la violación de la menor, comienza con una conversación entre la familia de la víctima y la del autor con el fin de llegar a un acuerdo de indemnización por el "mal causado a la familia". Este arreglo puede consistir en el pago de una "dote" para entregar a la chica en matrimonio, puede incluir una autorización para recuperar al bebé después de nacer o puede ser una transacción económica sin que haya matrimonio. Los arreglos amigables tienen lugar entre las dos familias, en ausencia de la víctima, quien no tiene derecho a tomar partido.

El temor a los costes del procedimiento judicial no es el único factor que impulsa a las familias de las víctimas de violencia sexual a intentar, en primera instancia, una solución amistosa, en el territorio de Kalehe. La lejanía de los tribunales es otro factor: la distancia lleva a muchos litigantes a renunciar al ejercicio de acciones legales. Además del juzgado de paz, Kalehe está bajo la jurisdicción del tribunal de primera instancia de Kavumu, y éste a su vez del Tribunal de Uvira, capital del territorio. Para reducir este obstáculo de la distancia geográfica, el Ministerio de Justicia de la RDCongo creó dos tribunales locales –en Kavumu y en Kamituga- que cubren esta región y que dependen del Tribunal Superior de Uvira. Pero ¿hasta qué punto esta solución ayuda cuando aún hay largas distancias que salvar? A modo de ejemplo, entre las ciudades de Minova y Kavumu hay 119 km y el estado de la carretera es desastroso, casi impracticable. Llegar a un tribunal puede suponer un viaje de más de un día: "La justicia no se hace para los pobres", dice un oyente de FAF.

El arreglo amigable se justifica como una forma de salvaguardar el "honor" de la familia, es decir, la víctima y su familia serían protegidas de los prejuicios sociales. Desde el momento en el que la familia considera la posibilidad de que el violador se case, la solución es un mal menor porque la violación pasa a ser considerada un obstáculo para la posibilidad de "casar bien" a la hija, es decir, de obtener una dote de mayor riqueza. De esta forma, la mujer pasa a ser considerada como una mercancía sin valor. De hecho, es habitual escuchar a las víctimas decir: "es mejor un mal arreglo que un proceso judicial largo".

En la aldea Cifunzi, en Cirhulo, una chica de 15 años ha dado a luz a un niño. Este es un SMS recibido en FAF, desde el territorio de Kalehe. Para tratar de verificar esta información, la redacción de Femme au Fone entrevistó a algunas personas del pueblo, quienes dijeron que el autor de esta violencia era un hombre casado y con siete hijos, habitante del pueblo vecino. La menor dio a luz en su casa y acudió más tarde a la maternidad de un centro de salud cercano tras una complicación.

La ley condena la violencia sexual

La ley de 2006, contra la violencia sexual, es clara en cuanto a la solución amistosa en casos de violación. Queda terminantemente prohibido el compromiso entre las partes. En el artículo 9 Bis, se dice: Las transacciones comerciales previstas en el artículo 9 no aplican para delitos de violencia sexual. Cualquier persona culpable de violación será castigada con una pena de prisión de entre cinco y veinte años y una multa que no podrá ser inferior a cien mil francos congoleños, según la ley.

De los SMS recibidos en FAF, queda claro que la ausencia de autoridad judicial impulsa y motiva a las víctimas y sus familias a este tipo de acuerdos. Las familias no saben cómo responder a sus deberes ante el vacío de la administración judicial. En un acuerdo amigable, el violador puede llegar a pagar 300 dólares y dos vacas para que no se interpongan cargos contra él. Y para la familia, "en lugar de perderlo todo y mantener pobre a la hija, es preferible coger las vacas y el dinero".

La práctica de pagar para poner fin a la persecución del autor de una violación hace que el número de sanciones por parte de la justicia sea mucho menor; a pesar de que la ley prevé la persecución de los autores y de que ley de la costumbre tiene rango inferior a la justicia ordinaria.

En una región donde la única ley que impera es la de las armas, cuando el culpable de la violación es miembro de un grupo armado, con mayor razón la familia de la víctima trata de llegar a un acuerdo negociado. Es el caso de numerosas aldeas y pueblos del territorio de Kalehe, en la provincia de Sur Kivu, controlados por los Raia Mutomboki.

La impunidad y los grupos armados

Una niña de 13 años fue atacada en Chofi, dicen que dos meses ha estado la chica enferma sin y ni sus padres lo sabían o lo han dicho. El lunes a las 9 am fue llevada al hospital, el médico les dijo que la chica estaba embarazada; los padres le preguntan y ella les dijo que el embarazo era de su profesor de educación física SINAI / Chofi. Los padres exigen al profesor una suma de $ 1.800; la chica está recluida en casa. SMS recibido en FAF.

Si tienen suerte después de las negociaciones, la familia de la víctima 'ganaría' 100 dólares, una cabra y la "honra" salvada. Este negocio es incluso mucho para la familia del violador porque en esta región dominada por grupos armados, la presión económica es enorme y las familias viven todas en la pobreza. Si el autor acepta el "acuerdo" es simplemente para evitar cualquier intento de llevarle a la justicia.

Las chicas sometidas a este tipo de acuerdos, sobre todo si éste acaba en matrimonio, viven con un sentimiento eterno de culpa; la culpa de no haber representado la riqueza (a través de la dote) que su familia hubiera esperado de ella. Pero también la tortura que representa para ellas, vivir con un gran sentimiento de injusticia al tener que convivir con su violador, quien con frecuencia resulta ser puede un vecino o un familiar. Debe, además, seguir creyendo en la discreción de una sociedad en la que todos los rumores son posibles. Estas mujeres quedan abandonadas a su suerte, a veces con un trauma mental y físico grave y sin cuidado alguno.

Malgré toutes les sensibilisations qu'ont suivies la vulgarisation de la loi réprimant les violences sexuelles, des cas de viols qui sont rapportés soulèvent autant des questionnements sur les comportements sexuels des adultes face à des enfants mineurs et pourtant protégé par la loi nationale et différents texte internationaux.

A pesar de todas las campañas de sensibilización de la ley contra la violencia sexual, sigue la pregunta del porqué continúa esta conducta de los adultos ante casos de violación de sus hijas.

Si yo voy con mi hija a poner una denuncia, sé que es una pérdida porque no pueden tener en sus manos al autor, y porque cuando volvamos, estaríamos muy mal vistas en mi pueblo.

La ausencia de autoridades estatales en ciertos pueblos del territorio de Kalehe, abre la puerta a la impunidad para los casos de actos de violencia sexual. Esta ausencia es la protección para los responsables. Los casos de violación no se denuncian a las autoridades judiciales. Pero además, es muy complicado para los oficiales de la policía judicial iniciar investigaciones porque no son bienvenidos en las zonas controladas por grupos armados.