Mujeres acusadas de brujería: una excusa para la violencia y la discriminación

"Fui maltratada por miembros de mi familia, me hicieron sufrir atrocidades después de acusarme de ser una bruja".

23 Marzo 2014 10:55

Acusar a las mujeres de brujería no es nada nuevo. Si consultamos los libros de historia, podremos ver que ha sido una manera de librarse de las mujeres demasiado inteligentes, un poco osadas para su tiempo o simplemente de alguien que no nos gusta (http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_aux_sorcières).

En la provincia de Kivu Sur, en el este de la República Democrática de Congo, las mujeres son víctimas de acusaciones de brujería. Muchos mensajes recibidos en el sistema de Femme au Fone (Mujer al Teléfono) se refieren a casos de mujeres acusadas de ser brujas y que son maltratadas en sus comunidades mediante la denominada justicia popular.

Algunas mujeres del territorio de Kalehe, en Kalonge, han escrito SMS para explicar que las mujeres bajo sospecha son sometidas a una especie de prueba de brujería. «Este test es realizado por una mujer que se hace pasar por vidente y enviada de Dios», informa Jean Baptiste Mushagalusa, miembro de la sociedad civil en ese territorio. En Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, las mujeres también denuncian ser víctimas de actos de barbarie cuando son acusadas de brujería. Pero lo que nos ha llevado a tratar este tema es el caso de K. Christine.

Testimonio en Femme au Fone

En febrero de 2014 K. Christine, de unos 30 años de edad, llegó a la redacción de Femme au Fone (FAF) para explicar su problema: fue acusada de brujería por su familia política. «Era un sábado por la tarde, mis cuñados y cuñadas llegaron con el cadáver de una de sus hermanas que estaba enferma y que acababa de morir. Me dijeron: tú, la bruja, nos lo vas a pagar, vas a resucitar a nuestra hermana que has embrujado o si no te vas a comer su cadáver crudo. Dos de ellos se abalanzaron sobre mí y comenzaron a golpearme. Mi marido no abrió la boca, al contrario, me abofeteó y caí al suelo con mi bebé a la espalda. Me encerraron en la cocina toda la noche con el cadáver de mi cuñada. Fue realmente horrible... Me sacaron al día siguiente gritándome todas las injurias que se puedan imaginar».
K. Christine para de hablar, mira al cielo y después añade con tristeza: « ¿Pueden creer que llevo 11 años casada con este hombre y que tengo 5 hijos con él? Pero se permite humillarme, me ha echado de nuestra casa y me priva de mis hijos».

Femme au Fone también tiene por misión poner en contacto a las mujeres víctimas de todo tipo de violencias basadas en género con organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres. Por eso FAF ha acompañado a K. Christine a la sede de APRODEPED, Acción Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas Desfavorecidas (http://www.societecivile.cd/node/1464) porque ella desea, antes de nada, recuperar su dignidad y ocuparse de sus hijos.

«Esta situación es deplorable, en el derecho congoleño la brujería no es una infracción y no está reconocida por el legislador», explica la profesora Julienne Mushagalusa, secretaria ejecutiva de la Asociación de Mujeres Juristas Congoleñas de Kivu Sur (http://www.infobascongo.net/beta/?tag=afejuco).

El testimonio de Christine es tan solo un ejemplo de las violencias sexistas que sufren las mujeres, las acusaciones de brujería en Kivu Sur solo recaen sobre ellas. Algunas, humilladas públicamente, son quemadas vivas, lapidadas, apuñaladas y víctimas de la justicia popular.

La Constitución de la República Democrática de Congo reconoce en el artículo 16: «la persona humana es sagrada. El Estado tiene la obligación de protegerla y respetarla. Toda persona tiene derecho a la integridad física y al libre desarrollo de su personalidad en el respeto de la ley, el orden público, el derecho ajeno y las buenas costumbres».

«Las autoridades deben reforzar los mecanismos de protección del derecho a la vida y sancionar a los culpables de estos actos de justicia popular para restablecer los derechos de las víctimas», añade la profesora Julienne Mushagalusa. En enero de 2014, el gobierno de Kivu Sur promulgó un edicto que prohíbe la justicia popular. Su efectiva aplicación aún está pendiente.

En lo que respecta a K. Christine, Gregoire Kasadi, abogado de Aprodeped, sigue su caso. Afirma que su organización está tramitando una denuncia a la Fiscalía para ver cómo resarcir a esta mujer y que obtenga la custodia de sus hijos.

Eliane POLEPOLE

foto: Chicas trabajando en un taller de costura de Children's Voice en Goma - donde apoyan a niños acusadas de brujería